Después de días de haberse instalado el nuevo poder judicial, nos damos cuenta que hay un desorden no solo en el ámbito federal, asimismo en lo local.
Detectamos que los nuevos ministros de la Corte, están muy por debajo de la calidad de los que la abandonaron, comenzando por el Ministro Presidente que trae un rollo más histriónico que de impartición de justicia.
El destacado abogado e historiador Francisco Martín Moreno escribió un artículo muy interesante en REFORMA, en el que realiza una interesante confronta curricular entre la vieja guardia y la nueva administración, que fue titulado “Comparaciones Presidenciales”, en este interesante documento expone:
“Ernesto Zedillo reformó la Constitución en 1994 para reestructurar el Poder Judicial federal, hacer más eficiente y autónoma a la SCJN y fortalecer la democracia y la convivencia social. El objetivo de la presente columna consiste en comparar las carreras de los presidentes de la Corte desde 1995 hasta el último pintoresco personaje que hoy encabeza nuestro máximo tribunal.
Comparaciones presidenciales
“José Vicente Aguinaco Alemán fue secretario de Estudio y Cuenta y secretario de Acuerdos en la Corte, juez de Distrito; juez segundo de Distrito en Puebla y titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el DF, además de magistrado de diversos tribunales, catedrático, acreditado autor de múltiples obras de la materia, entre otros merecimientos.
Genaro Góngora Pimentel fue secretario de Estudio y Cuenta en la Corte; juez de Distrito, magistrado en el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Catedrático de derecho marítimo, mercantil y amparo, y conferencista, entre otras distinguidas calificaciones.
Mariano Azuela Güitrón fue secretario de Estudio y Cuenta en la Corte, magistrado y presidente del Tribunal Fiscal de la Federación, catedrático, doctor en Humanidades, Medalla al Mérito Jurídico, profesor emérito de la UP, presea Alfonso X, «Ignacio M. Altamirano» 2012 en la categoría de juzgador, entre otras innumerables distinciones.
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia fue de secretario de Acuerdos, actuario, secretario de Juzgado, secretario de Estudio y Cuenta en la Corte, juez de Distrito en Oaxaca y DF. Magistrado de Circuito, Tabasco y Veracruz, y magistrado de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral.
Juan N. Silva Meza fue secretario del Tribunal Colegiado, secretario de Estudio y Cuenta en la Corte, juez octavo de Distrito, magistrado del Tribunal Colegiado en Oaxaca y del Primer Circuito en el DF, magistrado del Tribunal Electoral, además de catedrático, entre otros innumerables reconocimientos profesionales imposibles de mencionar en este breve espacio.
Luis María Aguilar Morales fue taquígrafo en el Primer Tribunal Colegiado; secretario del Juzgado Primero y segundo secretario del Tercer Tribunal Colegiado, secretario de Estudio y Cuenta de la Corte, juez segundo y quinto de Distrito, magistrado del Tribunal Colegiado, Oficial Mayor de la Corte, además de autor de innumerables publicaciones de carácter jurídico.
Una disculpa al lector por ensuciar este digno recuento histórico con la inclusión de Arturo Zaldívar, uno de los grandes traidores de las instituciones republicanas, feroz enemigo de la democracia y de la impartición de justicia en México.
Norma Lucía Piña Hernández fue académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, secretaria proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, secretaria de Estudio y Cuenta de la Corte, juez por oposición en el Juzgado Tercero de Distrito y en el Quinto en la Ciudad de México. Magistrada de Circuito por oposición ratificada en el Decimocuarto Tribunal Colegiado y magistrada en el vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, entre otros cargos incontables en su carrera judicial.
Hugo Aguilar Ortiz, actual presidente de la Corte para vergüenza de México, nunca se desempeñó ni como actuario ni como proyectista de sentencias ni como secretario de Acuerdos ni como juez familiar ni como magistrado ni como secretario de Estudio y Cuenta en la Corte ni jamás firmó una sentencia ni pisó un tribunal como juzgador. Su efímera carrera se reduce a su oprobiosa amistad con López Obrador, el orgulloso destructor del pasado, del presente y del futuro de la patria. La inmensa felicidad de AMLO habría sido incontenible al contemplar las fotos de los nuevos ministros arrodillados decapitando una gallina entre una humareda de incienso, en tanto le agradecían a Quetzalcóatl la temeraria cancelación de la separación de poderes en México, así como su acceso a la Corte después de violar una Constitución que juraron defender.
Hoy, la SCJN no será más eficiente ni autónoma ni fortalecerá la democracia ni la convivencia social. México dio un salto al vacío. Los nuevos ministros, todos, son cómplices del desastre, junto con la sociedad mexicana que lo consintió”.
La lectura de los párrafos anteriores nos hacen ver una realidad, triste pero realidad, el Ministro Presidente no sabe que se hace en la Suprema Corte, ni es un hombre estudioso que se haya puesto averiguarlo, ni lo hará, descansara el trabajo en sus subordinados y se dedicara a “bailar la manzanilla”, exhibiéndose como un pésimo imitador de Benito Juárez y promotor del obradorísmo.
Su presencia en el máximo tribunal no abonara en nada y desatara una guerra de negros al interior.
Está comprobado que todo lo que toca la 4T se transforma en estiércol, por no decir en mierda. Hágase un recuento de todas las ideas y caprichos de Andrés Manuel López Obrador y verificaremos que nada ha funcionado. No sólo hablamos sólo de las obras monumentales, también lo hacemos con sus proyectos y promesas que no han sido más que ocurrencias y fracasos.
El mejor sistema de salud del mundo y mejor que en Dinamarca, ha sido una enorme mentira, lo mismo ha ocurrido con encargar a la Guardia Nacional la seguridad del país y las aduanas a la marina.
Hoy es tema la corrupción de una mafia oficialista integrada por marinos, políticos y empresarios, que se relaciona con el Huachicol Fiscal y el tráfico de precursores para la fabricación de fentanilo (entre otras cosas), en la que se relaciona a sobrinos del ex Secretario de Marina y otros servidores públicos.
Situación que destapa un cochinero de tamaño monumental e involucra a importantes personajes de la política nacional y se relaciona con muertes misteriosas de personas vinculadas con esas operaciones (oficiales de la marina armada de México).
La decisión de Andrés Manuel López Obrador de poner las aduanas al cuidado de la Marina, fue un craso error, asimismo lo es la destrucción de la Suprema Corte y el Poder Judicial, sin tener causa suficientemente justificada para ello.
Este asunto del Huachicol Marinero es de la mayor relevancia que debe investigarse al igual que el asunto de la relación de Adán Augusto López con la “Barredora”, que sin duda estarán relacionados. Es el caso más importante de corrupción en la historia de México.
Surgen datos que involucran nuevamente a la Casa de Bolsa Vector, de Alfonso Romo con el lavado de dinero derivado del huachicol.
Poner en manos incompetentes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una garrafal traición a la república y al estado de derecho. Permaneceremos dolientes y en luto por largo tiempo.
Aceptar un cargo para el que no se tiene capacidad es una forma de corrupción.
Navegando por la internet me encontré un interesante análisis sobre aceptar un cargo público para el que se es incompetente (sentido amplio del término).
“Aceptar un cargo público sin tener la capacidad o los requisitos necesarios es una falta grave de ética y legal que puede tener implicaciones administrativas e incluso penales para el funcionario y para quien lo nombra, pues contraviene los principios de mérito, profesionalismo e imparcialidad que deben regir el servicio público. Esta práctica puede llevar a sanciones como la inhabilitación, multas y responsabilidades en diversos niveles según la legislación de cada país.
Consecuencias de aceptar un cargo sin capacidad:
- Responsabilidad administrativa:
Se puede dar lugar a sanciones administrativas para el servidor público y el funcionario que realizó el nombramiento.
- Responsabilidad penal:
Dependiendo de la legislación específica, puede configurarse el delito de nombramiento y aceptación ilegal de cargo público, lo que puede acarrear penas de inhabilitación y otras sanciones.
- Debilidad institucional:
Afecta la modernización de la gestión pública y la eficiencia del gobierno al no contar con el capital humano adecuado para las funciones.
Principios que se vulneran:
- Meritocracia y profesionalismo:Se deja de lado la capacidad, habilidad y experiencia para seleccionar a los candidatos.
- Imparcialidad:Se conceden preferencias o privilegios sin tener en cuenta los méritos de los postulantes.
- Transparencia:Se limita el acceso objetivo y equitativo a los puestos públicos.
- Informar las irregularidades:
La Contraloría General de la República y en este caso el órgano de vigilancia, como otros organismos de control son los encargados de advertir sobre estas implicaciones.
- Conocer las leyes aplicables:
Es importante que el servidor conozca las leyes y reglamentos que rigen su función y los requisitos de cada puesto.
- En resumen, aceptar un cargo público sin la preparación debida no solo perjudica a la administración, sino que también coloca al involucrado en una situación ilegal.
- Catálogo de principios del Código de Conducta de las personas servidoras públicas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo | Gobierno | gob.mx)
- El delito de nombramiento o aceptación ilegal de cargo público
- En resumen, aceptar un cargo público sin la preparación debida no solo perjudica a la administración, sino que también coloca al involucrado en una situación ilegal.
Para dar mayor sustento a lo anterior se transcribe un estupendo articulo de Rodrigo Pérez Tejada Fuentes publicado por Nexos
“El desarrollo y la implementación efectiva de las políticas públicas de un gobierno dependen en gran medida de la calidad de sus funcionarios. En el papel, los servidores públicos con responsabilidades técnicas o especializadas están sujetos a procesos de selección meritocráticos, en los que se toman en cuenta su instrucción, experiencia y capacidades específicas. En los hechos, sin embargo, algunos nombramientos suelen ser resultado de cálculos que privilegian el beneficio político de quien los designa o a la protección de determinados intereses particulares, o de grupo, en perjuicio del bienestar público.
Mucho se ha escrito en torno a los recientes procesos de designación en México, específicamente en lo relacionado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Como sabemos, dichos nombramientos involucran no sólo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, con el objetivo de que entre ambas partes se efectúe un escrutinio público sobre la idoneidad de los candidatos.
Las críticas principales alrededor de las designaciones mencionadas se han concentrado en tres aspectos:
1).- cuestionar la autonomía política del candidato respecto de los funcionarios y los órganos de poder público que participan en su nombramiento;
2.-) resaltar la falta de escrutinio y exhaustividad en los procesos de selección (particularmente durante las comparecencias de los distintos candidatos en el Senado), y
3).- señalar la presunta ausencia de méritos de los candidatos (no idoneidad). Académicos y periodistas han documentado abundantemente los dos primeros cuestionamientos.3 Sus críticas han advertido cómo la falta de autonomía, entre otros vicios a lo largo de los procesos de selección, puede obstaculizar el desempeño óptimo de los servidores públicos.4
Sin embargo, ¿qué decir sobre la ausencia de méritos o la falta de experiencia? ¿Demandar determinado nivel de conocimientos técnicos o cierta experiencia mínima como requisito para ocupar un puesto público es una exquisitez elitista o una exigencia justificada? ¿Qué tan relevante es que un funcionario sea “idóneo” para desempeñar su cargo? Sabemos que existen aptitudes que trascienden la formación técnica y que son no sólo valiosas, sino indispensables para ejercer un puesto público: vocación de servicio, integridad, diligencia, entre otras. No obstante, ¿puede un servidor público prescindir de los conocimientos básicos dentro de su esfera de responsabilidades? Pensemos en escenarios como la justicia constitucional en el ámbito penal, el combate al robo de hidrocarburos o la regulación del espectro eléctrico. En un contexto como el actual, también vale la pena preguntarse: ¿es compatible el nombramiento de funcionarios cuya capacidad está en entredicho con un discurso anticorrupción?
La ausencia de aptitudes para desempeñar un cargo y la falta de experiencia coloca a los servidores públicos en una posición de vulnerabilidad frente a los entes que deben regular. No olvidemos que los sujetos regulados siempre tienen claros sus objetivos y cuentan con recursos suficientes para organizarse y presentar un frente común ante el Estado. De igual forma, son capaces de generar y difundir conocimiento, así como de utilizarlo en la defensa jurídica de sus intereses. La falta de comprensión técnica en determinadas materias relativamente sofisticadas pone en predicamento al funcionario público que debe responder o combatir los argumentos —en algunas ocasiones legítimos, en otras no— esgrimidos por los entes regulados o entre los que debe arbitrar.
Ahora bien: ¿qué relación tiene esta exigencia técnica con un discurso anticorrupción? La ineptitud de un funcionario no es inofensiva; puede dar lugar a conductas negligentes, errores u omisiones involuntarias. Si bien dichas conductas no necesariamente están vinculadas con una contraprestación económica irregular o soborno —uno de los tres elementos que conforman la definición de corrupción—, sí pueden implicar el incumplimiento de una obligación por parte de la autoridad y el otorgamiento ilegítimo de un beneficio para un tercero —los dos elementos restantes—.5 Asimismo, sus efectos son igualmente nocivos pues pueden dar pie a daños equiparables a los que provoca la corrupción: debilitamiento del Estado de derecho, incertidumbre económica y jurídica, omisiones legislativas, perjuicios patrimoniales al Estado y un largo etcétera. En suma, la negligencia o inexperiencia de funcionarios debilita las capacidades del Estado y quebranta la credibilidad de las instituciones.
En un momento en el que uno de los ejes rectores del discurso oficial es el combate a la corrupción, estos daños son especialmente preocupantes. Como se ha mencionado en otros foros,6 las declaraciones y los compromisos abstractos en materia anticorrupción continuarán siendo insuficientes mientras no se ejerzan y cristalicen en los distintos espacios de la realidad jurídica: producción legislativa y reglamentaria, emisión de sentencias, otorgamiento de contratos públicos, expedición de concesiones y licencias, etc. Es en estos escenarios concretos donde se libran las batallas específicas contra la corrupción. Los servidores públicos requieren —más allá de honradez— de plena autonomía intelectual y conocimiento indispensable sobre los asuntos en los que interceden.
Es por ello que está en el interés propio del gobierno seleccionar a funcionarios no sólo honrados, sino capaces, para no incurrir en riesgos inadvertidos que terminen por afectar el bienestar de todos y puedan ser interpretados como posibles hechos de corrupción por omisión.
https://anticorrupcion.nexos.com.mx/nombrar-a-funcionarios-no-idoneos-es-corrupcion/
Dentro de los puestos de mayor importancia en el gobierno se encuentran los de los Ministros de la Suprema Corte, que por la relevancia de sus funciones requieren de un perfil particular y no solo haber cumplido con los requisitos de una convocatoria, haber sido sorteados en una tómbola y aparecer anotados en un acordeón.
El tiempo nos dirá quienes fueron los aptos y quienes los ineptos, los parciales y los imparciales, los corruptos y los honestos.
